Opinión

Servicios sociales de base cero

Por Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI

21/07/2012

Durante demasiado tiempo, los llamados servicios sociales parecían ser el único espacio apropiado para las personas con discapacidad y sus familias en las legislaciones y en las políticas públicas. En tanto que grupo ciudadano en situación de aguda precariedad social –realidad que aún persiste, por desgracia, y que puede intensificarse por la crisis actual–, los servicios sociales eran en la mentalidad política colectiva la reserva natural de las personas con discapacidad. Se diría que en esa concepción –que es en buena parte aún la vigente–, los servicios sociales agotaban por sí mismos las políticas públicas de discapacidad. Con unos buenos servicios sociales, la inclusión social y la participación comunitaria de las personas con discapacidad deberían estar definitivamente resueltas. Non plus ultra.

Contra este enfoque, bienintencionada en quien lo sustentaba pero en extremo reduccionista, reaccionó el movimiento social de la discapacidad, el activismo más progresivo, haciendo ver que los servicios sociales son solo un instrumento de algo de más entidad y de mayor rango, los derechos sociales, que deberían ser la cuestión sustantiva, siendo la herramienta –los servicios sociales– la cuestión adjetiva. Pero la crítica no cesaba aquí, ni mucho menos. Lo social, por más necesario que sea, y a fe que lo es, no puede ser el único ni el prevalente terreno en que se debate la discapacidad; es un terreno más, significativo, a no dudar, pero ni exclusivo ni excluyente. La vida de las personas con discapacidad, como la de cualquier otra, se despliega en múltiples y concurrentes y sucesivas dimensiones, todas determinantes y todas tributarias de su grado autonomía personal y de participación comunitaria.
 
Con estos elementos de fondo, se explica mejor esa suerte de contestación –o al menos de desdén consciente y deliberado– contra los servicios sociales presente en el discurso y en la acción política del activismo de la discapacidad de las últimas décadas. Una refracción injusta en sus manifestaciones más exorbitantes, pero comprensible pues procedía de esa necesidad ineludible de sentirse libres y a salvo de los ámbitos estancos, casi irrespirables, en los que se nos quería recluir, de por vida. Una cadena perpetua que había que quebrantar.    

Había otros espacios en los que estar presentes y hacer propios, más allá de los servicios sociales al uso, y en esa tarea el movimiento social de la discapacidad se ha desempeñado en los últimos años a conciencia. A esa movilización la hemos identificado bajo la rúbrica de la “discapacidad como una cuestión de derechos humanos”, un proceso aún en curso, insoslayable pese al ritmo lento de sus resultados.

Pasado el tiempo, consolidado de modo inconcuso el designio de que la lucha del activismo de la discapacidad es un asunto preferente de derechos humanos, templado ese furor un tanto reactivo contra lo “meramente” social y sus instrumentos más decantados, es el momento de entablar relaciones de nuevo cuño –creativas, productivas, utilitarias– con los servicios sociales, siempre entendidos como fenómeno de algo superior, los derechos sociales. Superar esa cierta ojeriza latente que hemos de reconocer ha existido, y plantearse de otro modo cómo unos servicios sociales repensados y recreados casi desde base cero pueden y deben contribuir a la inclusión social y a la vida en comunidad de las personas con discapacidad.

En esta revisión crítica, en el sentido más positivo de la palabra, se inscribe la propuesta que incorpora esta publicación que hoy edita el CERMI. Elaborada por el CERMI Cantabria y sus organizaciones miembro, examina un elenco de servicios sociales de la discapacidad, desde la experiencia práctica de quienes los gestionan en muchos casos, para proponer formas de hacer y de actuar renovadas que maximicen su potencialidad inclusiva y siempre atenida a una óptica estricta de derechos humanos. El ejercicio no es solo sugeridor, es indicativo y es precursor de lo que al movimiento de la discapacidad le queda por hacer con un carácter más amplio e integral: no limitarse a administrar con arreglo a patrones recibidos lo poco que un entorno avaro ha puesto en nuestras manos, sino multiplicar las posibilidades que para el propósito de una inclusión real puede encerrar todo cuanto está a nuestro alcance, incluidos los servicios sociales, de los que en algún momento tuvimos la tentación de desesperar.